Eliminar subvenciones a sindicatos y patronal, cerrar el Ministerio de Igualdad y Memoria Democrática, suprimir las partidas destinadas a propaganda… Así es el plan de VOX para reducir el gasto político
El Grupo Parlamentario VOX ha presentado para su debate en el pleno una proposición no de ley para acometer un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado.
La formación política denuncia que el déficit público ha sido “la regla presupuestaria seguida por todos los gobiernos” y que el sector público español “ha carecido de pruebas de eficiencia y de una asignación adecuada de recursos” que se ajusten a la racionalidad económica y al control presupuestario.
En este sentido, España aún arrastra un déficit público persistente que supera el 3% del Producto Interior Bruto. Desde 1995, el nivel de deuda de las administraciones públicas se ha multiplicado por 5,3 mientras que el PIB nominal ha crecido solo 2,2 veces.
A pesar del incremento del 56% en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entre los años 2017-2023, el Gobierno planea implementar más medidas de aumento de impuestos.
“La realidad de esta vorágine fiscal tiene su esencia en el incontrolado despliegue de gasto ideológico y político que, además de improductivo, es pernicioso para los contribuyentes y para los sectores económicos”, explica la iniciativa.
España cuenta con una abultada estructura ministerial, llegando a los 22 ministerios de los que dependen 77 organismos autónomos y otras entidades que suponen un gasto de 55.373,82 millones de euros. Esto se incrementa con 35 entidades del sector público administrativo, 20 fondos públicos, 66 sociedades mercantiles públicas y entes empresariales, junto con 31 fundaciones públicas.
En el caso de la Administración General del Estado, con Pedro Sánchez al frente, cuenta con más de 1.000 asesores eventuales y 330 altos cargos, lo que la convierte en la más cara de la historia con un gasto cercano a los 160 millones de euros solamente en el año 2022.
Además, se gasta 84 millones de euros anuales en concepto de publicidad y propaganda, sin olvidar los 440 millones de euros del acuerdo marco para la difusión de campañas de publicidad institucional. Esta estrategia ha generado una importante fuente de ingresos para sectores y medios de comunicación, empresas y supuestas ONG a través de subvenciones y de la contratación pública.
El Gobierno destina 750 millones de euros a acciones en favor de los inmigrantes y 150 millones de euros anuales para acogimiento de menores extranjeros no acompañados. De igual manera, el Ejecutivo concede subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos de 147 millones de euros, a los que se deberían sumar los millones de euros que obtienen estas organizaciones de las diecisiete administraciones regionales.
Otra muestra más del despilfarro ideológico son los 7,48 millones de euros que se destinan a “derechos de los animales”, los 13,95 millones de euros en la llamada “memoria democrática” y los 24,98 millones de euros en hacer publicidad de la Agenda 2030.
“En un momento en el que los españoles se enfrentan a una presión fiscal insostenible para familias y empresas, es fundamental abordar con urgencia el desequilibrio existente entre la excesiva recaudación de recursos públicos y su ineficiente gestión por parte del gobierno”, señalan desde la formación de Santiago Abascal.
Por todo ello, el GP VOX exige al Gobierno la puesta en marcha de las siguientes medidas:
-Realizar y ejecutar un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado a través de auditoria integral de todas las partidas.
-Eliminar todos los gastos que pueden ser reemplazados por los propios recursos de la administración pública, como son los alquileres de oficinas.
–Suprimir el gasto político e ideológico destinado a la propaganda y el adoctrinamiento.
-Impulsar el cierre de los ministerios, secretarias de Estado y direcciones generales que hayan demostrado su ineficacia para proteger los intereses nacionales, como los Ministerios de Igualdad o Memoria Democrática.
–Auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
-Impulsar la optimización de la estructura de los organismos que presenten ineficiencias y duplicidades entre las administraciones.
-Reorientar la política económica hacia las necesidades reales de los españoles, ya sean por el lado de la reasignación de gastos, como por el lado de la reducción de las cargas tributarias que soportan.
–Eliminar las subvenciones que reciben asociaciones empresariales y sindicatos, de tal forma que se financien con las aportaciones de sus propios afiliados y respondan de forma fehaciente a las demandas de ellos mismo, sin interferencias políticas.
