Alquilan su vivienda en 2018 a unos “refugiados” sirios que llevan 5 años de ‘inquiokupas’: «Ellos reciben casi 2.000 euros en ayudas, mientras nosotros vivimos con mi madre»
Una familia “refugiada” (sí, entre comillas) de origen sirio ha estado viviendo en una vivienda de Valdemoro (Madrid) desde 2018, sin pagar el alquiler desde hace años. Aunque inicialmente firmaron un contrato de arrendamiento legal, dejaron de abonar el alquiler en 2019 y se han convertido en lo que se conoce como ‘inquiokupas’.
La dueña de la propiedad, Basi Rodríguez, confió en la recomendación de una ONG que prometió garantías legales y apoyo con el alquiler. Sin embargo, esta promesa se rompió con el tiempo. «Nos dijeron que todo iría bien», recuerda Basi, quien decidió alquilar la casa para hacer frente a dificultades económicas.
La ONG se encargó de la gestión del contrato y aseguró que habría respaldo en caso de problemas. No obstante, desde el principio, Basi tuvo que aceptar condiciones poco favorables y explicó: «Bajamos el alquiler a 700 euros porque esa era la ayuda que ellos recibían».
En 2019, la familia comenzó a retrasar los pagos y dejó de abonar tres meses de alquiler. Con la llegada de la pandemia, dejaron de pagar por completo: «Hoy nos deben unos 37.000 euros». Debido a las deudas, la familia de Basi se vio obligada a dejar el piso que alquilaban y mudarse a la casa de la madre de ella: «Vivimos al día y la hipoteca del piso es casi de 1.000 euros mensuales. No tenemos ahorros ni podemos pagar los préstamos que hemos pedido».
La propietaria denuncia que los inquilinos reciben ayudas que superan sus propios ingresos. Según Basi, estas ayudas rondan los 2.000 euros mensuales. «Viven mejor que nosotros. Publican fotos de vacaciones en la playa, mientras que yo no puedo ni comprar ropa para mis hijos».
Basi sostiene que sus inquilinos no están en una situación de vulnerabilidad: «Se aprovechan de su condición de refugiados para acceder a ayudas. Es injusto que reciban casi el doble de lo que nosotros ganamos».
El apoyo de la ONG, que se suponía debía respaldar a los propietarios, ha desaparecido: «Nos dijeron que intervendrían si había problemas, pero el responsable ya no trabaja allí y nadie se hace cargo». El caso ha llegado a los tribunales. En febrero, el Juzgado de Valdemoro ordenó el desahucio, pero los inquilinos apelaron, alegando vulnerabilidad. «El juez les pidió pruebas que no han presentado, y el proceso podría prolongarse hasta un año más».
Mientras tanto, la familia propietaria continúa enfrentando una situación desesperante. «Nos sentimos abandonados por la justicia y engañados por aquellos que nos dijeron que todo estaría bajo control», concluye.
