VOX propone acabar con el impuesto sobre el patrimonio: "Va en contra de la capacidad de ahorro de las familias" |

VOX propone acabar con el impuesto sobre el patrimonio: “Va en contra de la capacidad de ahorro de las familias”

El Grupo Parlamentario VOX, en su lucha por rebajar la presión fiscal a la que están sometidos los españoles, ha registrado una proposición no de ley ‘para la supresión del impuesto sobre el patrimonio’ (IP).

Como bien dice el título, en esta ocasión la formación se centra en un impuesto de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas física y que, además, está cedido a las administraciones regionales que asume competencias en cuanto al mínimo exento, al tipo de gravamen y a las deducciones y bonificaciones de la cuota. En caso de ausencia de normativa regional, se establece un mínimo exento de 700.000 euros para el patrimonio total.

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asegura que el IP, al disminuir el capital disponible de las familias, drena la capacidad de ahorro y su traslado a la inversión productiva. Lo que ha llevado a numerosos países de la Unión Europea, como Italia, Austria o Dinamarca, a dejar de utilizarlo en las últimas décadas.

En este sentido, la iniciativa explica una serie de razones por las que es necesario eliminar el IP en España entre las que destaca que implica una doble imposición porque los activos agravados ya han sido sujetos a impuestos previos; genera desigualdad territorial al estar cedido a las comunidades autónomas o que impacta en activos con poca liquidez, lo que puede obligar a los propietarios a vender parte de sus activos para cubrir el pago del impuesto.

Así las cosas, el GP VOX exige:

  1. Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio mediante la derogación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio y toda la normativa de desarrollo de la misma.
  2. Promover políticas y modificaciones legislativas encaminadas a una profunda rebaja fiscal y a la reducción del gasto público que aseguren una mejora en la calidad de vida de los españoles y una mayor equidad del sistema tributario.

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