Hazte Oír denuncia que «la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea el Gobierno es un ataque directo a la libertad»
La asociación ciudadana rechaza las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez y alerta sobre el peligro de limitar la acusación popular
La asociación Hazte Oír ha mostrado su rotundo rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. Según la organización, la propuesta constituye un ataque directo a las libertades fundamentales de los ciudadanos, al principio de igualdad ante la ley y a la esencia misma del Estado de Derecho. En una reciente rueda de prensa, Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír, calificó la reforma como “un movimiento muy peligroso” que socava las bases del sistema judicial español.
El principal punto de preocupación para Hazte Oír es la transferencia de la instrucción judicial al Ministerio Fiscal, una institución que, según la organización, está subordinada al Gobierno tanto jerárquica como ideológicamente. “En otros países de la Unión Europea, la Fiscalía goza de independencia plena del poder político, lo que permite garantizar imparcialidad. En España, esta condición no se cumple. Es más, el Fiscal General del Estado está actualmente imputado por delitos de revelación de secretos”, señalaron desde la asociación, subrayando las diferencias entre el modelo español y el de otras democracias europeas.
Otro de los aspectos que más preocupan a Hazte Oír es la limitación de la acusación popular, un derecho que consideran esencial para el control democrático de los abusos de poder. Desde la asociación han alertado que esta medida, sumada a la falta de independencia de la Fiscalía, abre la puerta a la impunidad en un contexto donde el Gobierno y el propio presidente Pedro Sánchez enfrentan diversas causas judiciales. “Es una herramienta clave que permite a ciudadanos y organizaciones como Hazte Oír denunciar y fiscalizar irregularidades del poder. Su eliminación busca blindar al Ejecutivo y silenciar a la sociedad civil”, denunciaron.
Para la organización, la reforma es un intento deliberado del Gobierno de protegerse de responsabilidades judiciales y debilitar los mecanismos de control ciudadano. Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, declaró: “Sentimos un enorme orgullo, pues está claro que les estamos haciendo tanto daño que están dispuestos a cambiar un ordenamiento procesal vigente durante décadas para frenarnos. Este reconocimiento implícito demuestra la efectividad de nuestras acciones”.
Hazte Oír ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice en contra de esta reforma, advirtiendo que no solo afecta a las asociaciones, sino también a los derechos de todos los ciudadanos. “Hoy señalan a organizaciones como Hazte Oír, mañana serán ciudadanos comunes. Sánchez y los suyos harán todo lo posible para lograr una impunidad que ansían. Pero nosotros no vamos a ceder”, concluyó Arsuaga. Desde la asociación insisten en que la defensa de la justicia, la igualdad y el equilibrio de poderes debe prevalecer frente a cualquier intento de control político de las instituciones.
