El caso Kerr contra Planned Parenthood South Atlantic: los estados deberían tener el poder de “defund Planned Parenthood”
La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado analizar un caso que podría respaldar el derecho de los estados a retirar fondos de Medicaid destinados a la organización de abortos Planned Parenthood, según adelanta el medio Life News. El caso, Kerr contra Planned Parenthood South Atlantic, se centra en la posibilidad de que estados provida, como Carolina del Sur, puedan dirigir los fondos de Medicaid, que están destinados a brindar asistencia médica a personas de bajos ingresos, lejos de las empresas que realizan abortos, como Planned Parenthood.
El conflicto comenzó cuando el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitió una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur (DHHS) a descalificar a las clínicas de aborto como beneficiarias de los fondos de Medicaid. Planned Parenthood, junto con un demandante particular, presentó de inmediato una demanda en un tribunal federal, desafiando la decisión del estado.
Tanto el tribunal de distrito como el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito fallaron en contra de Carolina del Sur, lo que llevó al estado a apelar ante la Corte Suprema. Este caso es de vital importancia, ya que podría tener un impacto significativo en la capacidad de los estados para detener el flujo de dinero de los contribuyentes hacia Planned Parenthood, la mayor empresa de abortos del país. Alliance Defending Freedom (ADF), un grupo legal que representa al director del DHHS de Carolina del Sur, solicitó a la Corte Suprema que escuchara el caso tras el fallo del Cuarto Circuito en contra del estado.
“Los dólares de los contribuyentes nunca deberían financiar instalaciones que lucran con el aborto,” afirmó John Bursch, abogado principal y vicepresidente de defensa en apelaciones de ADF. “Los estados provida, como Carolina del Sur, deberían tener la libertad de determinar que Planned Parenthood y otras entidades que promueven el aborto no están calificadas para recibir fondos públicos a través de Medicaid. El Congreso no creó de forma explícita un derecho para que los beneficiarios de Medicaid arrastren a los estados a tribunales federales para cuestionar estas decisiones, por lo que no existe tal derecho. Basándonos en el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso Talevski, esperamos que la corte ratifique que el Congreso no pretendía que los tribunales federales interfirieran en las decisiones de los estados sobre qué proveedores están calificados para recibir fondos de Medicaid”.
Tras la decisión de Carolina del Sur de descalificar a Planned Parenthood como receptora de fondos de Medicaid, un tribunal federal obligó al estado a restaurar permanentemente el financiamiento. ADF apeló ante el Cuarto Circuito, que nuevamente falló en contra de la medida del estado. Posteriormente, los abogados de ADF presentaron una petición ante la Corte Suprema para que evaluara el caso y afirmara que la Ley de Medicaid no otorga a los beneficiarios el derecho de desafiar en tribunales la decisión de un estado sobre la calificación de un proveedor específico como Planned Parenthood. La Corte Suprema aceptó revisar el caso y devolvió la decisión al Cuarto Circuito para una nueva consideración tras su fallo en el caso Health and Hospital Corporation of Marion County v. Talevski. Sin embargo, el Cuarto Circuito volvió a fallar en contra de Carolina del Sur, lo que llevó a los abogados a presentar una nueva petición ante la Corte Suprema.
Este caso representa una oportunidad clave para afirmar la autonomía de los estados provida frente a las imposiciones federales que buscan garantizar el financiamiento de empresas abortistas con el dinero de los contribuyentes. Kerr se ha convertido en un símbolo del esfuerzo por proteger la vida y garantizar que los recursos públicos no se destinen a financiar la industria del aborto.
