Condenado a 11 años de prisión un inmigrante ilegal marroquí por violar y agredir a una compatriota en un garaje abandonado en Melilla
La Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, ha impuesto una condena de once años de prisión a un inmigrante marroquí sin regularizar, tras ser hallado culpable de cometer una agresión sexual contra una compatriota, según informa el medio digital INVADIDOS. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2022, en un garaje de un edificio abandonado donde el agresor solía pasar la noche. La víctima y el agresor se conocieron esa misma noche a través de un amigo común.
La mujer, nacida en 1988, se encontraba en el parque Hernández de Melilla en compañía de otra persona cuando el acusado, nacido en 1998, se unió al grupo. Tras compartir unas cervezas, el condenado propuso seguir la velada en el garaje donde vivía. Tanto la víctima como su acompañante aceptaron la invitación. Una vez allí, el agresor envió a la otra persona a comprar hachís, quedando la víctima a solas con él.
Según los hechos probados, el acusado aprovechó la ocasión para inmovilizar a la víctima, bajarle el pantalón y agredirla sexualmente. A pesar de sus intentos de resistencia, el agresor la empujó contra la pared, la atacó sexualmente en dos ocasiones y la golpeó. La mujer intentó defenderse golpeándole con una botella y pidiendo ayuda a gritos.
La víctima fue atendida en un hospital, donde el forense confirmó signos de ansiedad y dolor físico, aunque no se encontraron lesiones externas visibles. El análisis genético realizado por el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que el perfil biológico encontrado en las muestras vaginales y anales coincidía con el del condenado, con una probabilidad que descartaba cualquier otra alternativa razonable.
El agresor fue detenido al día siguiente de los hechos y ha permanecido en prisión provisional desde entonces. Su defensa presentó recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, alegando errores en la valoración de las pruebas y la vulneración de la presunción de inocencia. Sin embargo, la sentencia fue confirmada.
La Fiscalía defendió la solidez de la condena, argumentando que se basó en pruebas científicas irrefutables y en el testimonio de la víctima, que cumplió con los criterios de credibilidad establecidos. La defensa puso en duda la veracidad de los hechos, pero sus argumentos no lograron convencer al tribunal.
