Una fundación alemana que promueve la Agenda 2030 es la responsable de las protestas contra los turistas en Canarias
Han pasado dos meses desde que comenzaron las movilizaciones contra el turismo en Canarias. Según información de Vozpópuli, esta ola de protestas que se ha extendido por España tiene su origen en Alemania, donde una fundación que promueve los principios de la Agenda 2030 es la responsable del cambio de paradigma. Esta organización ha impulsado al Partido Popular de Canarias a modificar una ley que buscaba regular el acceso de plataformas como Airbnb y Booking a las viviendas vacacionales.
Desde inicios de 2024, Canarias ha visto una serie de manifestaciones que denuncian los problemas de ocupación de suelo ocasionados por el turismo. El 20 de abril, numerosas organizaciones sociales y ambientales de España se unieron en las islas bajo el lema “Canarias tiene un límite”, coincidiendo con un momento de dificultades económicas para el archipiélago, provocado por un modelo que no ha resuelto temas como la inmigración irregular ni ha mejorado la competitividad del mercado interno.
Grupos como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y otras redes de Ecologistas en Acción se han sumado a un fenómeno similar al 15M en Madrid. Las protestas han incluido escraches y huelgas de hambre frente a la casa del presidente canario, Fernando Clavijo. La fundación alemana aboga por limitar la compra de vivienda a personas no residentes en las islas, aunque no aborda el tema de la inmigración irregular.
En Alemania y Marruecos, competidores de Canarias en el turismo de sol y playa, se ha dado una considerable cobertura mediática a estas protestas, generando un ambiente de “turismofobia” hacia los visitantes. La fundación alemana, cuyo CIF es 09041/20572, tiene como representantes a Anne Striewe, Ines Eckert y Elmar Uricher, este último un abogado especializado en derecho mercantil internacional que tiene la sede de la organización.
En su último ejercicio financiero, esta fundación reportó ingresos de 401,500 euros, provenientes de donaciones en efectivo, terrenos, construcciones y recursos hídricos en Tenerife, y declaró unos gastos de 383,970 euros, con el objetivo de “apoyar proyectos que contribuyan a la transición ecosocial del territorio”.
La falta de sensibilidad de la patronal hotelera de Tenerife, que sugirió cuidar a la “vaca que da leche” y no menospreciar al turismo, provocó una reacción en las redes sociales y movilizó a más de 150,000 personas, quienes alzaron voces soberanistas contra la Coalición Canaria. La directora de la fundación alemana, Anne Striewe, es una figura clave en este movimiento. En Las Palmas, las manifestaciones coincidieron con un encuentro de ministros del Interior de la UE para discutir problemas migratorios en el sur de Europa.
El trasfondo de todo esto es una fundación alemana sin residencia establecida en España, llamada Fundación para la Naturaleza y el Medio Ambiente Canarina, ubicada en Constanza. Esta organización, controlada por alemanes, ha desarrollado una red digital conocida como ‘Canarias Palante’. La fundación se opone al turismo masivo en las islas, que se basa principalmente en los mercados alemán y británico, y ha presentado alegaciones contra la legislación canaria sobre viviendas vacacionales.
La discusión ha seguido su curso en Canarias, donde Striewe criticó al presidente Clavijo, afirmando que su respuesta era una “cortina de humo”. También se han hecho declaraciones que enfatizan que no hay oposición al turismo individual, pero sí a la creciente industria turística que consume recursos. En poco tiempo, la organización alemana logró movilizar a 70 colectivos bajo la marca ‘Canarias Palante’ y ha presentado 1,000 propuestas para reducir el impacto del turismo en las islas.
Los organizadores han enfatizado que su movimiento es apolítico y que no han negociado con partidos políticos, aunque han exigido una “moratoria turística y vacacional” y una “regulación efectiva de la vivienda” para proteger los derechos de la población canaria frente al alquiler vacacional y limitar la compra de viviendas a no residentes.
