Iustitia Europa demanda a Mazón, Sánchez y Marlaska por «omisión del deber de socorro» y «homicidio imprudente» en la gestión de la DANA en Valencia
Las primeras demandas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya se han presentado debido a su gestión de la reciente gota fría (DANA). La organización Iustitia Europa ha llevado las querellas ante el Tribunal Supremo en el caso de Sánchez y Grande-Marlaska, y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el caso de Mazón.
La demanda alega que tanto Pedro Sánchez como Fernando Grande-Marlaska incurrieron en omisión de deber de auxilio, prevaricación por omisión, homicidio imprudente y lesiones, al considerar que el Gobierno no reaccionó adecuadamente ante la emergencia provocada por la DANA. Según Iustitia Europa, el Estado estuvo «ausente» en el momento crítico, dejando a los ciudadanos en una situación de «caos y desprotección» frente a la catástrofe. La asociación sostiene que las alertas de riesgo extremo emitidas por la AEMET con días de anticipación requerían una respuesta ágil y coordinada del Gobierno, y califica de «abandono de sus deberes de protección» el no haber declarado la situación como una emergencia nacional.
En su comunicado, el presidente de Iustitia Europa y abogado, Luis María Pardo Rodríguez, acusa al Gobierno de haber optado por la inacción, dejando a miles de personas en la Comunidad Valenciana en una situación vulnerable. Pardo destaca que la falta de medidas de emergencia y la «pasividad» ante las advertencias meteorológicas representan una seria omisión de los deberes fundamentales de protección.
En cuanto a Carlos Mazón, la querella lo acusa de «desatención» en la gestión del desastre, señalando una «serie de errores y omisiones» en la activación de medidas para proteger a la ciudadanía. Iustitia Europa sostiene que Mazón subestimó la gravedad del temporal, ignorando el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, un protocolo diseñado para hacer frente a catástrofes de este tipo. La asociación también indica que, además de no solicitar la declaración del estado de alarma, Mazón minimizó los riesgos en sus declaraciones públicas, lo que dejó a la población en una situación de desamparo.
La demanda contra Mazón argumenta que la falta de acción ante las alertas de la DANA representa una violación del deber de protección civil, ya que el presidente autonómico no actuó con la diligencia que requería la situación. Iustitia Europa considera que esta falta de respuesta efectiva y el «abandono» de sus responsabilidades dejan indicios de posible responsabilidad penal, dada la vulnerabilidad en la que quedaron los ciudadanos frente al temporal.
