Yolanda Díaz obligará a 35.000 empresas españolas a impartir adoctrinamiento LGTBI “a toda su plantilla”
El Gobierno de España, bajo la dirección de Yolanda Díaz, ha decidido añadir una nueva carga burocrática a las más de 35.000 empresas con más de 50 empleados. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que obliga a estas compañías a implementar medidas para promover la igualdad y la no discriminación hacia las personas LGTBI. Este decreto, acordado con sindicatos como CCOO y UGT, así como con las patronales CEOE y CEPYME, representa un claro ejemplo de cómo el gobierno se adentra en un terreno cada vez más surrealista, donde la burocracia se impone a la libertad empresarial.
Según el Ministerio de Trabajo, la finalidad de esta normativa es “proteger los derechos de las personas LGTBI”, alegando la necesidad de erradicar la discriminación en el ámbito laboral. Sin embargo, queda claro que lo que realmente se está buscando es un control exhaustivo de las prácticas empresariales, con una Inspección de Trabajo que se encargará de vigilar el cumplimiento de este decreto. En lugar de fomentar un entorno laboral sano y productivo, se está creando un sistema de vigilancia que más parece un régimen autoritario que un marco de igualdad real.
La nueva normativa no solo impondrá un cúmulo de obligaciones a las empresas, sino que también representa un incremento en los costes operativos. Las medianas empresas deberán constituir una comisión negociadora en un plazo máximo de tres meses y negociar con sus representantes legales en un plazo adicional de seis meses. Si esto no se logra, se aplicarán automáticamente las medidas estipuladas en el decreto, sin considerar si son viables o adecuadas para cada empresa. Esto es un claro ataque a la flexibilidad y autonomía empresarial, donde cada compañía deberá gastar recursos valiosos en cumplir con exigencias que, en muchos casos, pueden resultar confusas e impracticables.
Entre las obligaciones que se imponen a las empresas, encontramos requisitos como la formación de toda la plantilla en módulos específicos sobre los derechos LGTBI, así como la promoción de “entornos diversos e inclusivos”. La falta de claridad en los términos y la ambigüedad de algunas de estas exigencias crean un escenario en el que muchas empresas podrían verse incapaces de cumplir, lo que podría llevar a sanciones innecesarias y a un clima laboral de tensión y desconfianza. La realidad es que este decreto, disfrazado de protección de derechos, parece más una herramienta para sembrar la discordia y la confusión en lugar de promover la verdadera igualdad.
Además, la propuesta de Yolanda Díaz de un “despido a la carta”, que incrementa las indemnizaciones para trabajadores mayores, mujeres o personas LGTBI, plantea un dilema aún más complejo. La idea de proteger a estos grupos, en teoría vulnerables, podría, irónicamente, hacer que las empresas sean reacias a contratarlos, dado el mayor coste que implicaría un despido. Esta lógica distorsionada no solo resulta contraproducente, sino que evidencia un enfoque totalmente erróneo en la lucha por la igualdad. En lugar de fomentar un entorno donde todos puedan prosperar sin temor a represalias, el gobierno parece empeñado en crear un sistema donde las empresas se convierten en rehenes de una normativa absurda y restrictiva.
En resumen, la nueva regulación impuesta por el Gobierno de España es una muestra más del surrealismo que caracteriza a la política actual. La combinación de ideología y burocracia está llevando a las empresas a una encrucijada, donde cumplir con lo “woke” se convierte en una carga insoportable. En lugar de promover la verdadera igualdad, se están sembrando las semillas de la división y el resentimiento en el ámbito laboral, lo que resulta en un futuro incierto y preocupante para el mundo empresarial en España.
