El Gobierno irlandés abandona su polémica propuesta de ley sobre «discursos del odio» que contemplaba medidas que permitían a la policía acceder a domicilios privados
En un inesperado giro de los acontecimientos, el Gobierno irlandés ha decidido abandonar su controvertida propuesta de ley sobre los “discursos del odio”, tras semanas de intensas críticas y protestas por parte de diferentes sectores de la sociedad. La normativa, que había generado gran preocupación entre defensores de los derechos civiles y libertades individuales, buscaba dotar a las autoridades de amplias facultades para combatir el discurso de odio, pero fue percibida como una amenaza a las libertades fundamentales.
El borrador de la ley contemplaba medidas que permitían a la policía acceder a los domicilios privados en busca de material que pudiera incitar al odio o la violencia, como libros, vídeos, memes o publicaciones en redes sociales. Estas facultades incluían la confiscación de dispositivos electrónicos personales como ordenadores y teléfonos móviles, con el fin de encontrar pruebas que pudieran ser utilizadas en procesos judiciales.
Los críticos de la ley señalaron que esta suponía una invasión excesiva a la privacidad de los ciudadanos, y que podía abrir la puerta a abusos de poder por parte de las autoridades. Defensores de la libertad de expresión y grupos de derechos humanos argumentaron que las medidas propuestas eran desproporcionadas y podrían coartar la capacidad de las personas para expresar opiniones, incluso aquellas que podrían ser consideradas polémicas pero no violentas.
