El Gobierno expropia miles de olivos a agricultores de Jaén y Córdoba para construir nuevas megaplantas fotovoltaicas
La reciente movilización de los agricultores de Jaén y Córdoba es un grito desesperado ante la agresión que sufren por parte de las grandes multinacionales de la energía fotovoltaica, que parecen dispuestas a arrasar con el patrimonio rural en nombre de las renovables. La consigna “Renovables sí, pero no así” refleja el sentir de miles de agricultores que ven cómo sus tierras, cultivadas durante generaciones, están siendo expropiadas a la fuerza, talando los olivos que son el pilar de su economía y su vida. No se trata solo de perder su fuente de ingresos, sino de un golpe directo a su identidad, su cultura y su herencia.
La magnitud de los proyectos solares en estas zonas amenaza con destruir una vasta área de cultivo que se propuso para ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. El llamado “Paisaje del Olivar Andaluz” no solo es conocido por su belleza y biodiversidad, sino que también es un símbolo de respeto hacia el medio ambiente. Sin embargo, el avance imparable de estos megaproyectos energéticos pone en peligro esta propuesta y, con ella, la posibilidad de proteger estas tierras de un desarrollo desmesurado que no tiene en cuenta ni el patrimonio ni el impacto ambiental a largo plazo.
Uno de los puntos más alarmantes de esta situación es la clara maniobra de Greenalia Solar, la empresa promotora, que ha fragmentado los proyectos para evitar una revisión administrativa exhaustiva. Esta práctica, que roza la ilegalidad, busca acelerar la aprobación de macroplantas que, una vez instaladas, no traerán beneficios a la comunidad local.
En lugar de generar empleo, acabarán con los miles de puestos de trabajo que dependen de la recolección de aceitunas, un sector esencial para la economía de la región. Lo que antes eran campos fértiles que sustentaban a familias, ahora serán gigantescas extensiones de placas solares que no dejarán más que miseria y desarraigo a su paso.
Lejos de quedarse en la comarca, la electricidad generada será vendida en Europa, dejando a los agricultores sin tierras y sin beneficios. Mientras tanto, las autoridades locales, lejos de defender a sus ciudadanos, han declarado estos proyectos de “utilidad pública”, desoyendo las alegaciones y las protestas.
Este atropello no es solo contra los agricultores, sino contra el futuro de una región entera que se verá sumida en el abandono. Los ayuntamientos tienen la obligación de proteger a sus vecinos y no de ser cómplices de este expolio, que bajo la bandera de las energías limpias, lo único que limpia es el futuro de quienes han trabajado esas tierras por generaciones.
