Detenido el comisionista del ‘caso Koldo’ Víctor de Aldama por un fraude del IVA de más de 180 millones de euros
También han sido detenidas otras 13 personas
El último escándalo de corrupción destapado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es otro ejemplo más de la falta de control y responsabilidad del Gobierno en la gestión del país. En esta ocasión, se ha detenido a 14 personas involucradas en un fraude monumental de más de 180 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
Entre los arrestados se encuentra Víctor de Aldama, un personaje conocido por sus vínculos con el caso Koldo, otro escándalo que salpicó a las más altas esferas del poder durante la pandemia, donde un asesor del exministro José Luis Ábalos y su círculo cercano amasaron fortunas con la venta de mascarillas. Es alarmante que, una vez más, los nombres de figuras políticas y empresariales estrechamente relacionadas con el gobierno vuelvan a aparecer en este tipo de delitos, mostrando la clara complicidad entre ambos sectores.
Aldama no está solo en este entramado de fraude. Junto a él ha sido arrestado Claudio Rivas, su socio en múltiples empresas de hidrocarburos. Ambos, durante años, han constituido sociedades dedicadas a la venta de combustible, pero bajo el disfraz de actividades legales se escondía un esquema que parece diseñado exclusivamente para defraudar a Hacienda.
Las pruebas obtenidas tras meses de investigación revelan que estas empresas eran efímeras, cerrando pocos meses después de su creación para evitar el pago del IVA, lo que representa una burla a la ciudadanía y una enorme pérdida de recursos públicos. Este tipo de conductas pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para implementar medidas efectivas contra el fraude fiscal, beneficiando a quienes saben explotar las lagunas del sistema a su favor.
Es profundamente preocupante que estemos ante un fraude de 182 millones de euros mientras el país sigue enfrentando problemas graves como la falta de recursos en sanidad, educación y servicios sociales. Los ciudadanos no pueden seguir soportando la incompetencia de un Gobierno que no solo permite que estos delitos sucedan, sino que parece vinculado indirectamente con las personas involucradas.
El hecho de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 haya decretado secreto de sumario añade un velo de oscuridad sobre un caso que debería ser tratado con total transparencia. Los españoles tienen derecho a saber hasta qué punto sus líderes y figuras cercanas al poder están implicados en la corrupción que sistemáticamente saquea las arcas públicas.
Por si fuera poco, este escándalo no es un hecho aislado. El pasado verano, otra investigación reveló que una empresa de hidrocarburos compró un chalet para alquilárselo nada menos que a José Luis Ábalos, cuando era ministro de Fomento. La operación, como era de esperar, se gestionó desde las oficinas de Víctor de Aldama, quien también se embolsó jugosas comisiones por asesorar a la empresa propietaria del inmueble.
Este patrón de favoritismos y beneficios privados muestra cómo se sigue alimentando una red de intereses entre empresarios y políticos, en detrimento de los intereses del país. Es urgente que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y asuma sus responsabilidades en el control de este tipo de prácticas corruptas.
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