Nuevo ataque a la vida: La abortista Mónica García impulsa un polémico registro de médicos objetores al aborto
Este lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el borrador del protocolo para crear un registro de médicos objetores al aborto estará listo en los próximos días. La medida ha suscitado una fuerte controversia, al ser considerada por muchos como un ataque directo a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios. Estos médicos, que han hecho un juramento para salvar vidas, se ven ahora expuestos a la estigmatización pública por negarse a realizar abortos. Esta decisión del Gobierno parece no tener en cuenta los principios éticos y morales que guían a estos profesionales.
Lo que resulta especialmente preocupante es la insistencia de García en focalizarse únicamente en los médicos que se niegan a practicar abortos, cuando no existe un registro similar para otros procedimientos médicos donde también interviene la objeción de conciencia. La medida parece tener un claro trasfondo ideológico, alineado con las políticas de Más Madrid, el partido de la ministra, que prioriza la agenda abortista por encima de los derechos fundamentales de los médicos a ejercer su labor sin coacciones. ¿Por qué solo se persigue a los objetores en el caso del aborto? Esta pregunta sigue sin respuesta por parte del Gobierno, que parece más interesado en imponer su ideología que en respetar la libertad profesional.
El registro de médicos objetores, que solo ha sido implementado en cinco de las diecisiete comunidades autónomas, se presenta como una herramienta para garantizar que las mujeres puedan acceder sin obstáculos a eso que llaman interrupción del embarazo, que no es otra cosa que el mayor crimen que existe: el aborto. Sin embargo, este registro no es más que una “lista negra” que persigue a aquellos médicos que se niegan a participar en lo que consideran la eliminación de una vida humana. El derecho a la objeción de conciencia, que debería estar protegido y respetado en cualquier sociedad democrática, se convierte en el centro de un ataque orquestado desde el Gobierno. Además, nuevamente, el ejecutivo pone al derecho a la vida en su punto de mira.
La creación de esta lista supone un peligroso precedente para el ejercicio de la medicina en España. En lugar de fomentar un clima de respeto y comprensión hacia los diferentes posicionamientos éticos de los profesionales sanitarios, Mónica García opta por una política que promueve la confrontación y la división dentro del sector. La libertad de conciencia es un derecho fundamental que debería protegerse (además del derecho a la vida del no nacido), y cualquier intento de limitarla, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como la vida humana, es una amenaza no solo para los médicos, sino para toda la sociedad.
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