VOX se queda solo en el Pleno de Cartaya en su oposición al reparto de MENAs
Frente a la “demagogia e hipocresía” del resto de grupos municipales, que han votado en contra de la moción planteada por VOX, Inmaculada Cabaco recuerda que el objeto de la iniciativa es “intentar frenar las muertes en las costas españolas debido al efecto llamada que provocan las políticas nacionales”
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Cartaya ha lamentado hoy la negativa de los grupos con representación en el Consistorio a apoyar su moción contra la propuesta del Gobierno de España de repartir a los menores extranjeros no acompañados (menas) entre las diferentes Comunidades Autónomas y sus respectivos municipios.
Frente a “la esperada demagogia” de PSOE, IU e Independientes por Cartaya, que una vez más acusaron a VOX de generar odio y racismo, y “el discurso vacío e hipócrita del PP”, apuntando a la necesidad de que haya mayor financiación del Estado y de Europa y negando que existan problemas de seguridad en Cartaya, la concejal de VOX en el municipio cartayero, Inmaculada Cabaco, dejó claro al principio de su intervención el objeto de la moción.
“No es otro que intentar frenar desde nuestro municipio, en función de nuestras capacidades, la magnitud de muertos que aparecen a diario en las costas españolas a causa del efecto llamada provocado por las políticas nacionales y la inactividad de los equipos de gobierno a lo largo de los años en el municipal, lo que redunda negativamente en la convivencia y seguridad de nuestros vecinos”, manifestó.
Al respecto, Cabaco se refirió a la situación de la Pontezuela, donde “están empadronados inmigrantes ilegales, promovidos por empresarios de origen marroquí afincados aquí, con alquileres de habitaciones por 150 euros a lo largo del municipio sin consentimiento del propietario de la vivienda y con ocupaciones ilegales en viviendas vacías o tras un periodo de alquiler en el que dejan de pagar”.
Aunque la concejal indicó que la migración hacia nuestro país es necesaria para fomentar la natalidad y cubrir la necesidad de mano de obra de algunos sectores, abogó por una inmigración “legal, controlada y siempre para el beneficio de nuestro país, con contratos en origen y visados legalmente gestionados”.
La edil de VOX señaló también que “la criminalidad en nuestro municipio aumentó un 10,55 %, hasta el cuarto trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 1.477 infracciones penales”, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. “Es inconcebible que los mismos políticos que llaman irresponsablemente a la inmigración ilegal masiva se esfuercen luego en ocultar la nacionalidad de los culpables de la devastación que ellos mismos han provocado”, denunció.
Entre la batería de medidas que recogía la moción de VOX rechazando la propuesta de reparto de menas, figuraba la de instar al Gobierno de España a acabar con las políticas de efecto llamada, así como que todas las administraciones públicas trasladaran “el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública”.
Al mismo tiempo, VOX pedía “instar al gobierno provincial a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro municipio, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida”.
Iniciar los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una
Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la
ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal, con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse, era otra de las medidas propuestas, junto a la puesta en marcha de “todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a Cartaya”.
Por último, el Grupo Municipal VOX exigía regularizar la situación de la zona de la Pontezuela, “porque es un efecto llamada para la inmigración ilegal en nuestro municipio”, así como suprimir toda ayuda y beneficio social por parte del Ayuntamiento de Cartaya a los inmigrantes ilegales que han entrado al municipio vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.
