VOX presenta una moción en el Ayuntamiento de Granada para combatir el efecto llamada a la inmigración ilegal
Beatriz Sánchez Agustino rechaza la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada por el Partido Popular y el Partido Socialista, y pide que el Ayuntamiento declare a la ciudad “municipio que no apoya a las asociaciones y ONGs que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal”.
El Grupo Municipal de VOX ha registrado una moción para su debate en el Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Granada en la que insta al equipo de gobierno a rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida por el Partido Popular y el Partido Socialista, así como exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en nuestro término municipal.
Beatriz Sánchez Agustino, portavoz de VOX, ha recordado que «PP y PSOE son coalición en la Comisión Europea y responsables de la invasión inmigratoria sin precedentes que está poniendo en grave riesgo el futuro de España». Es por ello que «con nuestra moción pedimos al gobierno de Marifrán Carazo que rechace la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales en Granada y declare a la ciudad como municipio que no apoya a las asociaciones y ONGs que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal».
Entre los puntos de acuerdo que propone la moción de VOX están «promover que todos los fondos que actualmente se destinan a fomentar el efecto llamada y financiar la inmigración ilegal, se destinen a trasladar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, o en su caso, y a aquellos que lo deseen, a la ciudad belga de Bruselas, donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada; impulsar la celebración de una consulta popular relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en Granada; y promover las modificaciones legales necesarias a fin de evitar el fraude en el empadronamiento que permite a los inmigrantes ilegales poder acceder a beneficios y ayudas sociales», ha concluido Beatriz Sánchez Agustino.
