El Gobierno Vasco se niega a informar cuánto tiempo dos parejas de congoleños estafaron 300.000 euros en ayudas sociales simulando estar divorciadas
El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, el que depende del Gobierno Vasco, detectó la pasada primavera un posible caso de fraude en el cobro de diversas ayudas sociales por parte de dos parejas de origen congoleño. Estas personas habrían recibido de manera irregular unos 300.000 euros a través de la Renta de Garantía de Ingreso (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ayudas para el alquiler de vivienda. Aunque Lanbide no ha especificado desde cuándo se realizaron estos pagos indebidos, la entidad ha comunicado que ha iniciado un “expediente de reclamación” para intentar recuperar el dinero. Dos de los cuatro implicados fueron arrestados por la Ertzaintza, acusados de estafa y falsificación de documentos.
La investigación policial comenzó en agosto y concluyó con la detención de dos hombres, quienes junto con sus parejas habrían estado recibiendo múltiples prestaciones de forma fraudulenta. El fraude fue descubierto por empleados de Lanbide, quienes, al seguir el protocolo implementado por la exvicelehendakari Idoia Mendia, lograron detectar irregularidades en los pagos. Este protocolo se estableció tras otro escándalo de fraude social en el que un ciudadano senegalés había recibido más de un millón de euros de manera ilegal.
Según fuentes policiales, una de las parejas solicitó las ayudas tras un supuesto divorcio, argumentando que se repartían la custodia de sus hijos, lo que les permitió acceder a las prestaciones. Las mismas fuentes indican que estas personas, de origen congoleño, habían adquirido la nacionalidad española y comprado dos propiedades en Bilbao y Amorebieta antes de su separación ficticia. Además, la investigación reveló que los cuatro implicados manipulaban sus empadronamientos para aparentar que vivían en domicilios separados, cuando en realidad continuaban juntos.
En el transcurso de las indagaciones, se descubrió que uno de los detenidos utilizó una identidad falsa para obtener más ayudas de forma ilícita. Esta táctica es común en los fraudes detectados por Lanbide, similar a otro caso en el que un ciudadano senegalés falsificó hasta 62 identidades para cobrar un millón de euros en ayudas sociales.
