El juez requiere la memoria del máster de Begoña Gómez, donde se habría inflado el número de alumnos de 25 a 250
El juez encargado de investigar el máster que cursó Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado la entrega de la memoria del curso ante las sospechas de irregularidades. Las dudas surgieron por la discrepancia en el número de alumnos registrados. Según los informes presentados, el máster afirmaba tener cerca de 250 estudiantes, pero testigos y documentos señalan que el número real de asistentes era mucho menor, entre 7 y 25 personas. Esta discrepancia ha puesto en entredicho la transparencia del curso y la información proporcionada a sus patrocinadores, entre los que figuran entidades de renombre como Reale Seguros y la Fundación la Caixa.
El máster, gestionado por la Universidad Complutense, ha estado envuelto en controversias desde su creación, con alegaciones de que se llevó a cabo bajo condiciones irregulares. Algunas fuentes sugieren que la puesta en marcha del programa pudo estar influenciada por la posición política de Pedro Sánchez, lo que genera preocupación sobre un posible uso indebido de recursos públicos para fines personales o familiares. Estos hechos han provocado que tanto la universidad como los patrocinadores enfrenten una revisión profunda para determinar si los fondos aportados fueron utilizados de manera legítima y si las cifras presentadas correspondían a la realidad.
El juez también ha exigido que se clarifique si la documentación presentada a los patrocinadores contenía información manipulada sobre la cantidad de alumnos. Esta revisión es clave, dado que el financiamiento del programa podría haberse basado en datos inflados que no reflejan la verdadera magnitud del curso. Si se confirma la manipulación, estaríamos ante un escándalo que podría salpicar no solo a la universidad, sino también a importantes instituciones financieras que aportaron fondos al máster bajo premisas posiblemente falsas.
Este caso ha generado un considerable revuelo en la opinión pública, especialmente en un momento donde la transparencia en la gestión de fondos públicos está en el centro del debate político. Dependiendo de las conclusiones que arroje la investigación judicial, el caso podría derivar en consecuencias legales tanto para los responsables académicos como para las personas involucradas en la promoción del máster, incluyendo a Begoña Gómez.
