VOX exige al Gobierno que embargue todos los bienes y cuentas de familiares, testaferros y miembros del régimen venezolano en España

La formación denuncia la ineficacia de las tibias sanciones impuestas por la Unión Europea y los intentos del Ejecutivo español para que se levanten dichas sanciones

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado para su debate en el pleno una proposición no de ley para proponer en el seno de las instituciones europeas y en el resto de la comunidad internacional el embargo inmediato del patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano.

En el texto registrado, se indica que, tras el fraude electoral perpetrado en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros continúa con su política de represión y miedo contra el pueblo venezolano.

Ante esta situación, la Unión Europea ha impuesto un paquete de sanciones contra el régimen. Entre éstas, cabe destacar “la inmovilización de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo” que van dirigidas a aquellas personas, entidades y organismos “responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela”.

Así las cosas, en el plano de las medidas contra las personas responsables de cometer estos execrables crímenes, han sido fútiles, puesto que gran parte de los jerarcas del régimen han podido sortear estas sanciones trasladando su patrimonio personal fuera de Venezuela.

Por otra parte, cabe recordar la postura ambigua que mantienen tanto el Gobierno español como la Unión Europea ante el fraude electoral y la situación que se vive en Venezuela. Si bien la Unión Europea ha propuesto una serie de sanciones, éstas se han mostrado insuficientes e ineficaces, y ahora las instituciones comunitarias se muestran reticentes a la ampliación temporal y subjetiva de las mismas.

“Por su parte, el Ejecutivo español propuso incluso el levantamiento de dichas medidas restrictivas, a pesar de encontrarse el régimen enjuiciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. A mayor abundamiento, ha sido notorio el papel fundamental de blanqueamiento internacional que ha realizado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha impulsado la agenda del régimen bolivariano por todo el mundo”, explica la iniciativa.

Ante esta situación, el GP VOX señala que no puede permanecer inánime y abúlico frente a las declaraciones que ha realizado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y exige al Gobierno de España poner en marcha las siguientes medidas:

–Mostrar su apoyo inequívoco al pueblo venezolano, que expresó su voluntad en las urnas el 28 de julio de 2024, y que exija al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros que cese la represión.

-Localizar todos los bienes pertenecientes a familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano ubicados en territorio español.

–Impulsar todas las medidas necesarias para el embargo inmediato del patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano que se encuentren en España.

-Promover, en el seno de las instituciones comunitarias, la ampliación temporal y subjetiva de las medidas restrictivas existentes, adoptadas por el Reglamento del Consejo 2017/2063, de 13 de noviembre de 2017, a todos los miembros de la dirección del régimen y funcionarios que colaboren en la represión a la oposición ganadora de las elecciones acaecidas el pasado 28 de julio de 2024.

–Remitir al Fiscal de la Corte Penal Internacional la situación que está padeciendo el pueblo venezolano a manos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros, con el objeto de que se incoe una investigación y que la Sala de Cuestiones Preliminares (art. 58 del Estatuto de Roma) dicte una orden de detención contra éste y el resto de los dirigentes y funcionarios del régimen que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.