VOX defenderá en el pleno una moción para derogar la ley de vivienda, eliminar el IVA de la compra de la primera vivienda y recuperar la deducción de IRPF por inversión en vivienda habitual
- Exige una mayor seguridad jurídica para los propietarios que saquen al mercado sus viviendas de alquiler con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas e impedir fenómenos como la ocupación y la inquiocupación.
- Recuerda que mientras el Gobierno alaba la situación de la economía española, en 2022 el 45% de las familias españolas que residían en una vivienda alquilada se encontraba en situación de vulnerabilidad social.
El Grupo Parlamentario VOX defenderá en el pleno de la próxima semana una moción consecuencia de interpelación urgente a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para paliar la situación de emergencia habitacional.
En el texto registrado VOX recuerda que la situación de la vivienda sigue siendo una gran preocupación para muchos españoles. De hecho, según el CIS de julio de 2024, la vivienda se sitúa como el quinto problema más relevante en el país. Es por ello que el GP VOX asegura que es necesario “llevar a cabo políticas útiles que se midan por sus buenos resultados y no por sus buenas intenciones para atajar un problema cada vez mayor para los españoles, provocado en gran medida por las desastrosas políticas de los Ejecutivos de esta y de las pasadas legislaturas”.
Sin embargo, las medidas de este Gobierno no han hecho más que empeorar una situación que antes ya se encontraba en un punto crítico. Es el caso de la ley de vivienda, cuya aplicación, explica el partido, “no ha hecho sino empeorar el escenario inmobiliario español”. Así, los españoles están destinados a sufrir una crisis sin precedentes si el Gobierno continúa aplicando políticas que no resuelven de manera alguna la emergencia habitacional.
Este contexto se agrava cuando se trata de las grandes urbes y los polos productivos del país: “Se acumula la llegada constante e incesante de trabajadores en busca de nuevas oportunidades, y, por ende, de hogares, porque en sus lugares de origen, provincias y capitales de comarca que han perdido su potencial industrial de antaño, no hay posibilidad alguna de prosperar personal y familiarmente”.
El GP VOX aporta en el texto algunos datos que dan muestra de la gravedad del problema: “Los españoles destinaron de media el 43% de su salario bruto al pago de la renta del alquiler en 2023, el valor más alto de los últimos 17 años, llegando en algunas provincias a superar el 50% (en Barcelona fue el 65%, en Baleares el 63% y en Madrid el 62%). La proporción de hogares en alquiler en España que se encontraban en una situación de sobresfuerzo se situaba en torno al 40% en 2022, 20 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE”.
Pese a que el Gobierno insiste en que la economía española se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia, la realidad es bien diferente: “En 2022, el 45% de aquellas familias españolas que residían en una vivienda alquilada se encontraba en situación de vulnerabilidad social. Los españoles menores de 35 años tienen menos vivienda en propiedad que nunca: en apenas 20 años, se ha reducido del 70% al 35% la proporción de jóvenes con vivienda en propiedad”.
“En tanto que este Gobierno no lleve a cabo una política en materia de vivienda valiente, decidida y basada en ideas y medidas que permitan una mejora palpable de las condiciones para acceder a una vivienda, el Grupo Parlamentario VOX no dejará de recordar que es crucial que abandone la ideología y las pretensiones de transformación social globalista como fundamento de sus políticas, para priorizar en cambio una propuesta cuyo objetivo sea propiciar que cada español pueda acceder a un hogar”, concluye el GP VOX.
Por todo ello, se exige al Congreso a que inste al Gobierno a:
- Derogar de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
- Impulsar la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de considerar no sujeta, a efectos de este impuesto, la adquisición de una primera vivienda y reinversión en vivienda habitual por parte de un español.
- Impulsar la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer una bonificación del 100 % de la cuota tributaria para la compra de primera vivienda y reinversión en vivienda habitual por parte de un españ
- Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF.
- Recuperar la deducción en toda la Nación por gastos de alquiler de vivienda habitual en el IRPF.
- Desarrollar incentivos fiscales en materia de vivienda con el fin de consolidar población en zonas especialmente poco pobladas de la geografía nacional o con especial vulnerabilidad, como el Campo de Gibraltar.
- Impulsar la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el fin de eximir a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble.
- Fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler de vivienda habitual.
- Fomentar la colaboración público-privada a efectos de aumentar el parque de viviendas sociales y protegidas basándose en el estudio pormenorizado de las zonas de España que se encuentran más tensionadas.
- Liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional.
- Destinar a alquiler social tanto las viviendas construidas que cumplan con los requisitos de habitabilidad como el suelo urbanizable que sean titularidad de la SAREB. A tal fin, habilitar una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la SAREB la titularidad de los activos, sean los ayuntamientos los que le soliciten, en función de la demanda y las necesidades habitacionales, este destino para los bienes.
- Promover una política de defensa de la propiedad privada, en general, y concretamente de los bienes inmuebles.
- Impulsar la persecución y la toma de medidas preventivas contra el fenómeno de la okupación y la inquiokupación.
- Articular medidas de protección por parte de los poderes públicos hacia los deudores hipotecarios e inquilinos precarios sobrevenidos, con base en unos criterios de justicia y sujeción a limitaciones temporales en el corto plazo.
- Impulsar la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local al objeto de impedir que un okupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.
- Acabar con la expropiación temporal de inmuebles y con el control de rentas en el contrato de arrendamiento puestos en marcha en los últimos años por distintas regiones.
- Reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria para todos los actores implicados en la vivienda (promotores, constructores, propietarios, arrendatarios…).
- Agilizar los trámites administrativos y la burocracia relacionados con las licencias de obras y el desarrollo de suelos urbanizables mediante la promoción del incremento de los medios técnicos y personales de los ayuntamientos encargados de la redacción de los informes técnicos pertinentes para la concesión de licencias, así como la promoción entre las regiones y las entidades locales para la digitalización de sistemas en el proceso de tramitación de licencias.
