Gibraltar español: VOX exige al Gobierno la recuperación de la soberanía sobre el Peñón, la última colonia en suelo europeo

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una proposición no de ley relativa a recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En dicha iniciativa, VOX recuerda que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea ningún acuerdo entre la UE y Londres podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre España y Reino Unido, según reconoce el propio Gobierno español. Así lo corrobora la cláusula número 24 de las Orientaciones del Consejo Europeo para la negociación del Brexit. Este protocolo recoge por primera vez en el derecho básico de la Unión Europea unas disposiciones relativas a Gibraltar negociadas por España.

Por otro lado, el artículo 50 de la Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea destaca que “una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el Reino Unido. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de que se celebren acuerdos separados entre la Unión y el Reino Unido respecto de Gibraltar. Sin perjuicio de las competencias de la Unión y en pleno respeto de la integridad territorial de sus Estados miembros garantizada por el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, dichos acuerdos separados requerirán un acuerdo previo del Reino de España”.

También cabe destacar la Declaración de Bruselas del 27 de noviembre de 1984, en función de la cual España y el Reino Unido se comprometen a establecer un proceso negociador “a fin de solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar” en el marco del cual “serán tratadas las cuestiones de soberanía”.

Un dato aún más importante es que Gibraltar figura desde los años sesenta en el listado de las Naciones Unidas como uno de los “territorios no autónomos pendientes de descolonización”. En este sentido, España ha solicitado reiteradamente al Reino Unido entablar negociaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por las Naciones Unidas, para llegar a una solución definitiva del contencioso de Gibraltar, única colonia existente en Europa.

Así, Naciones Unidas ha señalado en varias ocasiones que, “en el proceso de descolonización de Gibraltar, el principio aplicable no es el de libre determinación de los pueblos sino el de restitución de la integridad territorial española”. Por su parte, la Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, establece en su punto 6, que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Por tanto, que Gibraltar vuelva a estar bajo soberanía española debe ser una de las “máximas prioridades” para el Gobierno de España.

La situación conflictiva entre España y el Reino Unido por la soberanía del Peñón tiene su origen en el Tratado de Utrecht, firmado por ambas naciones en 1713, como solución a la Guerra de Sucesión. Mediante la firma de dicho tratado, España cedía a Gran Bretaña “la ciudad y castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen”.

Sin embargo, el istmo (como las aguas adyacentes o el espacio aéreo supra yacente) no fue cedido por España, quedando siempre este bajo soberanía española. Además, el artículo X del citado tratado recoge tres condiciones en las que se encuadra la cesión, siendo las siguientes:
1) Se define el territorio cedido como la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, sin plazo de tiempo, pero sin jurisdicción alguna territorial.
2) No se permite la comunicación abierta con el país circunvecino por tierra, salvo para el abastecimiento en caso de necesidad.
3) España tiene un derecho a redimir la ciudad de Gibraltar, es decir, recuperar su soberanía, en caso de que Gran Bretaña quiera dar, vender o enajenar de cualquier modo su propiedad.

En vista de lo anterior, VOX denuncia que “la mera ocupación de facto continuada por los británicos del istmo y de las aguas adyacentes contraviene las condiciones acordadas en el Tratado de Utrecht para la adquisición de soberanía sobre ese territorio, -por limitarse la cesión de soberanía únicamente a la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas-, además de resultar ilegítima con arreglo al Derecho Internacional”.

Por si esto no fuera suficiente, VOX advierte de que “la intención del Reino Unido de dar un nuevo estatuto jurídico a Gibraltar fuera del marco descolonizador supone una acción de las previstas en el Tratado de Utrecht que habilitarían a España a redimir la ciudad de Gibraltar”. Así, la insistencia en la promesa unilateral del Reino Unido de atender a la voluntad de los gibraltareños de adquirir su propia autonomía implicaría tácitamente la “enajenación” de la propiedad británica. Pese a que esa enajenación no se realizaría con respecto a otra potencia o Estado, sino con respecto a la propia población de Gibraltar -sostiene VOX-, “la retrocesión a España no depende según el Derecho Internacional de esa voluntad local sino de la decisión de Gran Bretaña de cambiar el régimen de la propiedad de cualquier modo”.

En este sentido, cabe mencionar que la colonia británica se ha convertido en la sede de multitud de empresas y corporaciones españolas gracias a la competencia fiscal desleal que las autoridades gibraltareñas promueven. Prueba de ello es que el Gobierno español incluye a la colonia en su lista de países y territorios considerados como “regímenes fiscales perjudiciales”.

A su vez, durante los últimos años, las autoridades municipales de la colonia han agravado considerablemente los incumplimientos de lo acordado en Utrecht, puesto que se han lanzado a una política expansiva de constante crecimiento del territorio del Peñón, así como a un hostigamiento constante a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas.

Teniendo en cuenta esta creciente falta de cooperación con nuestro país y la persecución de representantes políticos de la soberanía nacional y del pueblo español, reviste de mayor urgencia la cuestión de la devolución de Gibraltar por parte del Reino Unido a su legítimo poseedor, que es España.

En este contexto VOX lamenta la opacidad con la que el Gobierno de España está actuando. El ejemplo más evidente es que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, todavía no ha comparecido en el Congreso para explicar el estado de las negociaciones con el Reino Unido y el futuro de Gibraltar. Y eso que el pasado 12 de abril Albares se reunió con su homólogo británico, David Cameron, al objeto de concluir el Acuerdo UE-Reino Unido. En dicha reunión también participó el ministro principal de la colonia británica de Gibraltar, Fabián Picardo. “Resulta llamativo que participe en dicha reunión el representante de un territorio no autónomo pendiente de descolonización”, denuncia VOX.

En dicha proposición no de ley VOX concluye que el Gobierno de Pedro Sánchez “debe abandonar las tesis de prosperidad compartida”, que, hasta la fecha, no han producido más que la dependencia de gran parte de la comarca del Campo de Gibraltar de la colonia británica. Así, es urgente también la creación de un plan integral para dicha comarca gaditana, que incluya un paquete de medidas económicas que palien la delicada situación que padecen sus habitantes.

Por todo lo expuesto, VOX entiende que “es pertinente que el Gobierno de España exija al gobierno británico el inicio del proceso negociador sobre la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar”.