El PSOE y el PP alcanzan un acuerdo para renovar el CGPJ y para reformar el modelo de elección de sus vocales |

El PSOE y el PP alcanzan un acuerdo para renovar el CGPJ y para reformar el modelo de elección de sus vocales

Ya está. Los populares lo han vuelto a hacer. El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio con el mandato caducado y varios intentos frustrados. Junto a este compromiso, ambos partidos han acordado una larga lista de medidas enfocadas a “reforzar la independencia del Poder Judicial”. La primera: reformar la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo. Enhorabuena a los iluminados que votaron al PP pensando que era un voto contra Sánchez.

El acuerdo se ha alcanzado en el curso de una reunión anunciada repentinamente y celebrada en Bruselas. A un lado de la mesa, el ministro de Justicia Félix Bolaños, al otro el popular Esteban González Pons, y entre ellos la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jorouvà, que se ha ofrecido a mediar entre ambos. Los dos principales partidos del Parlamento Español, imprescindibles para la renovación, han alcanzado múltiples compromisos. En otras palabras, que, por fin, se han repartido el pastel. Y lo llaman “democracia”…

Para empezar, el primero es “proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023“. Simultáneamente, se procederá a reformar la ley del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de reforzar la independencia del Poder Judicial. 

El acuerdo zanjaría también la elección de un magistrado que ocupe la vacante que dejó Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional a raíz de un problema de salud. El órgano mantiene uno de sus 12 asientos vacíos, y pasará a ocuparlo el actual vocal del CGPJ José María Macías, nombrado en su día a propuesta del Partido Popular. 

El acuerdo incluye una lista de 20 candidatos que ocuparán el CGPJ de ahora en adelante y por un plazo de cinco años. Además, incluye unos requisitos para el nombramiento de los ocho vocales del CGPJ que forman parte del turno de juristas de reconocido prestigio. No podrán presentarse quienes hayan ocupado cargos de ministro o secretario de Estado, ni los exconsejeros de comunidades autónomas y ayuntamientos. Tampoco podrán nombrarse por este turno los que hayan sido eurodiputados, diputados, senadores o miembros de asambleas de las CCAAs.

El punto de mayor fricción en las negociaciones nunca fue la elección de los ocho juristas, sino la de los doce juristas que completan el Pleno del órgano. Durante años, el PP ha defendido que es imprescindible que “los jueces nombren a los jueces”, es decir, que la elección de estos 12 vocales se lleve a cabo a través de una votación de la Carrera Judicial. El PSOE nunca se había comprometido a apoyar una reforma de estas características. 

Pero, ¿qué es lo que se ha acordado en este sentido? Incluir una disposición adicional en la proposición de ley de reforma de la LOPJ para iniciar una reforma del modelo de elección. Una vez la norma entre en vigor, el CGPJ tendrá seis meses para elaborar un informe sobre la elección de los Consejos de países de nuestro entorno. Junto al informe, el Consejo deberá trasladar una “propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados”. La propuesta deberá estar refrendada por tres quintos del Consejo. 

Además, la reforma deberá incluir “la participación directa de jueces y magistrados”. El documento será remitido al Gobierno, al Congreso y al Senado, que se basarán en él para desarrollar una ley en las Cortes Generales. 

Asimismo, la misma proposición de ley que pretende reforzar la independencia del CGPJ modifica también el Estatuto del Ministerio Fiscal. La reforma incluye una serie de incompatibilidades para ocupar el puesto de fiscal general del Estado. Son las mismas que afectan a los juristas del Consejo: no podrá serlo nadie que en los últimos cinco años haya sido ministro, secretario de Estado, consejero de un gobierno autonómico o una alcaldía, eurodiputado, diputado, senador o diputado autonómico. 

Nuevamente, lo volvemos a decir. Enhorabuena a los iluminados que aún siguen confiando en el PP, un partido de trileros.

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