Barcelona eliminará los pisos turísticos de la ciudad en un plazo de cinco años
Ya está. Estaba cantado. Pasada la campaña electoral, que veta cualquier anuncio por parte de las administraciones, este viernes han llegado dos de calado en el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda: eliminar todos los pisos turísticos en la ciudad dentro de cinco años, y la modificación de la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social, según informa EL PAÍS, afín a Collboni y al PSOE en general.
Las dos medidas necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC. Otra cosa será el frente judicial que con toda probabilidad abrirán los propietarios de licencias de viviendas de uso turístico o su patronal, Apartur.
El alcalde Jaume Collboni ha señalado, en una sala llena, con una treintena de altos cargos y asesores de su Gobierno, que se trata de dos medidas “de carácter estructural que afrontan el principal problema de la ciudad y del país, como es el acceso a la vivienda” y sobre todo para los más jóvenes.
Collboni ha advertido de que las políticas de vivienda “nunca tienen resultados de forma inmediata” pero ha tachado las medidas de “punto de inflexión”, convencido de que “abrirán un debate político y social en la ciudad”.
El anuncio sobre los pisos turísticos responde al decreto de la Generalitat que emplaza a los Ayuntamientos catalanes a redactar, en el plazo de cinco años (desde diciembre de 2023) un plan urbanístico que fije cuántos pisos turísticos acepta tener.
La ciudad no admite más licencias desde 2014, cuando la oferta se congeló en 9.600, aunque hay algunos centenares solicitados posteriormente, en momentos de vacío legal, que están pendientes de procesos judiciales que deben determinar sí obtienen licencia. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha celebrado que la ciudad ganará “el equivalente a fabricar 10.000 pisos” de uso residencial.
Y sobre la posibilidad de tener que indemnizar a los propietarios de pisos turísticos que perderán su licencia, ha recordado que el decreto de la Generalitat contempla que los cinco años de plazo actúen como indemnización.
Sobre los calendarios, Bonet ha explicado el escenario que se abre ahora. En el caso de los pisos turísticos, el horizonte para extinguir licencias es el mes de noviembre de 2028, y se actualizará el Plan de Alojamientos Urbanísticos, pero “estas actividades acabarán su vida útil y en la revisión no habrá la categoría de pisos turísticos”. Es decir, la fórmula no pasa por establecer cuántos permite la ciudad, sino extinguir las licencias.
