Bajar el IVA, dos tramos de IRPF, eliminar impuestos, radical reducción del gasto político… Así es el plan fiscal de VOX para mejorar la situación de las familias

Propone la reducción del número de ministerios, una auditoría del gasto público, eliminar subvenciones a partidos, sindicatos y patronales, reducir el tipo general y reducido del IVA y suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones.

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado para su debate en la comisión de Hacienda y Función pública una proposición no de ley sobre medidas de política fiscal para mejorar la situación económica de las familias.

La formación política denuncia en el texto registrado la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez consistente en subir impuestos hasta en 69 ocasiones y aumentar la recaudación: «Desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno, la recaudación tributaria se ha incrementado 63.250 millones de euros, un 30,3% más, hasta los 271.935 millones de euros en el año 2023″.

En concreto, continúa VOX, más de la mitad de este aumento de la recaudación proviene del IRPF, que se ha incrementado un 45% en el periodo 2018-2023 y sólo durante el último año, en un 9,9% con respecto al año anterior.

Esta coyuntura no sitúa a España en un buen lugar en lo que a su entorno se refiere: «España es el país de la Unión Europea que más ha incrementado su presión fiscal en el periodo 2018-2022, después de Chipre. Este aumento fue del 0,24% en la Unión Europea mientras que en España fue del 10,69%. Asimismo, el esfuerzo fiscal (presión fiscal calculada por el Producto Interior Bruto per cápita) ha sido 17,8 puntos superior al de la Unión Europea. De hecho, el Índice de competitividad fiscal del año 2023 sitúa a España en la posición 31 de los 38 países analizados».

Pese a ello, el objetivo del Gobierno expresado en el Plan Presupuestario del 2024 sigue siendo el mismo y se apunta a un incremento de la presión fiscal del 0,5% del PIB para este año. Además, el aumento de la recaudación ha ido acompañado de una subida constante del gasto en las administraciones que se cifra en el 34,85% en el periodo 2018-2023.

Todo ello, señala VOX, «no se ha visto reflejado en la mejora de las condiciones de vida de las familias españolas». Así, el partido aporta datos reveladores de la ineficacia en materia económica del Gobierno de Sánchez:

• Duplicar la tasa de paro de la Unión Europea y registrar la más elevada de todos los países de la OCDE.
• Alcanzar uno de los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza y exclusión social de la Unión Europea.
• Experimentar una pérdida del poder adquisitivo del -2,2% y estar 11 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
• Que el consumo final de los hogares siga estancado en los niveles del año 2019.
• Unas listas de espera que baten récord: 850.000 personas esperando a ser operadas; lo que confirma una inadecuada gestión en la sanidad pública.
• Tener los peores resultados del informe PISA, lo que demuestra la ineficiencia en el aumento del gasto en educación.

Además, tanto la AIREF como el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera señalan el peligro de las políticas fiscales promovidas desde el Ejecutivo y fundamentadas en deuda y déficit de la administración: «El endeudamiento público sigue siendo elevado, al igual que el nivel del déficit público estructural, y constituyen elementos de vulnerabilidad en un contexto de presiones crecientes sobre el gasto público, procedentes no solo del entorno de mayores tipos de interés sino también de fenómenos estructurales como el envejecimiento de la población».

Por tanto, afirma VOX, «si el Gobierno recauda y gasta como nunca, la situación de las familias es cada vez menos próspera y se registra el mayor nivel de deuda pública de la historia, se pueden obtener las siguientes conclusiones sobre su política fiscal»:

• El Gobierno gasta anualmente 30.000 millones de euros en subvenciones, muchas de ellas para gobiernos u ONGs extranjeras.
• Existen decenas de duplicidades políticas y administrativas ineficientes que cuestan 60.000 millones de euros a los españoles, según estudios de instituciones reconocidas.
• Solo la mitad de las transferencias a las comunidades autónomas, que ascienden a 66.000 millones de euros, son destinadas a financiar realmente las competencias que tienen.
• Como se puede observar en los medios de comunicación, son cientos de millones de euros los que están siendo investigados por casos de corrupción de políticos.

Por todo ello, el Grupo parlamentario VOX propone una serie de medidas con el objetivo de «devolver la esperanza de prosperidad a los españoles ante el despilfarro de su administración y el expolio tributario al que están sometidas las familias»:

• Cambiar su estrategia de política fiscal para devolver la esperanza de prosperidad a los españoles ante el despilfarro de su administración y el expolio tributario al que están sometidas las familias.
• Impulsar la reducción de los actuales veintidós ministerios a doce: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Ministerio de Presidencia y Administración Pública, Ministerio de Economía, Energía, Industria y Transformación Digital, y Ministerio de Sanidad, Familia y Servicios Sociales.
• Realizar una auditoría del gasto efectuado por AGE con el fin de mejorar la eficiencia del gasto público, y reducir gastos improductivos e innecesarios, poniendo fin al despilfarro político y a todo gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
• Revisar la política de subvenciones de la AGE, eliminando aquellas que se conceden bajo el paraguas de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, aquellas que colaboren con la inmigración ilegal y las que se amparen en la defensa del denominado “colectivo LGTBI+”.
• Eliminar las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales y promover una auditoria de las ayudas públicas que reciben por parte de las administraciones regionales y locales.
• Realizar una auditoría las entidades pertenecientes al sector público institucional de la AGE, de las administraciones regionales y locales, con el fin de identificar a las entidades que tengan funciones similares o que sean susceptibles de generar sinergias con otras, de cara a plantear una racionalización y simplificación de su estructura, así como su posible fusión o absorción por otras entidades, con el fin de reducir costes que no generan valor añadido para los españoles.
• En materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
• Aplicar como tramo exento del impuesto a las rentas inferiores a 22.000 euros.
• Establecer un tramo de 22.000 euros a 70.000 euros de base liquidable sujeto al 15%
• Establecer un último tramo de rentas superiores a 70.000 euros de base liquidable con un tipo del 25%.
• Reducir los tipos de ambos tramos en cuatro puntos por cada hijo, de tal forma que:

1. Las personas que paguen un 15% verán reducido este porcentaje hasta el 7% si tuvieran dos hijos, y no pagarían si tuvieran cuatro hijos.
2. Las personas que paguen el 25%, lo harán al 17% si tuvieran dos hijos y el 9% con cuatro hijos, hasta un mínimo del 0%.

• De manera transitoria y hasta lograr la reducción de los tramos previstos en el apartado anterior, se propone aumentar la deducción por nacimiento o adopción actual, de tal forma que sea de 1.200 por el primer hijo, 1.600 euros por el segundo, 2.500 por el tercero y 2.750 por el cuarto hijo en adelante.
• De manera transitoria y hasta lograr la reducción de los tramos previstos en el apartado anterior, se propone recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual que fue suprimido por la Ley 16/ 2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
• De manera transitoria y hasta lograr la reducción de los tramos previstos en el apartado anterior, se propone recuperar la deducción por alquiler de vivienda en el IRPF en todo el ámbito nacional para arrendatarios de vivienda habitual, que fue suprimida por la Ley 26/ 2024, de 27 de noviembre.
• En materia del Impuesto sobre Valor Añadido, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006:
• Reducir el tipo general del 21% al 18% y el reducido del 10% al 8%.
• Mantener la prórroga, hasta al menos finales de 2024, de la aplicación en el impuesto del valor añadido (IVA) del tipo impositivo del 0% que recae sobre productos básicos de alimentación, extendiéndose a los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados.
• Reducir al tipo superreducido los pañales infantiles y geriátricos; biberones y leches de formula pediátricas; servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial; y productos farmacéuticos infantiles y geriátricos.
• Eliminar el IVA para la adquisición de primera vivienda habitual.
• Reducir de forma permanente los tipos de los suministros de los hogares, en concreto, el del gas, la electricidad y del agua al tipo superreducido.
• Adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a eliminar la doble imposición fiscal que se produce al incluir a los impuestos especiales como base imponible a efectos del IVA.
• Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en todo el territorio nacional, por suponer confiscaciones injustas, duplicadas o desproporcionadas del patrimonio de los españoles.