Milei avanza con una gran reforma del sistema penitenciario para poder privatizar las cárceles como en Estados Unidos

El Presidente habló sobre la idea de la ministra Patricia Bullrich para que empresas privadas financien la construcción de nuevas cárceles a cambio de quedarse con los terrenos de las actuales

El presidente Javier Milei abordó en detalle el pasado domingo un ambicioso plan en discusión dentro del Gobierno para transformar el sistema penitenciario argentino introduciendo reformas siguiendo el modelo de los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y hasta El Salvador, según informa el periodista Kevin Frank en el medio digital argentino Derecha Diario.

Este proyecto se centra en la innovadora idea de vender las cárceles a empresas del sector inmobiliario, con la condición de que estas empresas se comprometan a construir nuevas prisiones en ubicaciones más alejadas de las áreas urbanas.

Este enfoque, inspirado en las estrategias implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se caracteriza por la construcción de lo que se han denominado “megacárceles“. Estas nuevas instalaciones penitenciarias se diseñarían y construirían con estándares modernos de seguridad y calidad, en un esfuerzo por mejorar significativamente el sistema carcelario del país.

Durante una parte de su entrevista con la cadena CNN en Español, Milei elogió el plan concebido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltando su brillantez y su potencial para abordar los desafíos críticos que enfrenta el sistema penitenciario argentino.

La propuesta implica la venta de cárceles existentes a empresas inmobiliarias, en zonas donde las propiedades hoy cotizan más alto, y que a su vez se encarguen de financiar la construcción de nuevas prisiones en zonas donde las propiedades sean más baratas, en zonas remotas.

Las inmobiliarias sacarían un rédito económico de dicha transacción y al Estado le costaría cero pesos. Este enfoque permitiría la creación de instalaciones “de mejor calidad, mayor seguridad y sin gastar un peso de los contribuyentes”.

“Hay cárceles que se diseñaron en determinado momento de la historia, pero el crecimiento de la población hizo que eso quedará en una zona urbanizada. ¿Entonces qué es lo que estamos pensando hacer? Vender esas cárceles a empresas que se dediquen a real estate y que esa empresa financie la construcción de una nueva alejada de la ciudad“, planteó. En ese sentido, destacó que las nuevas instalaciones serán “de mayor seguridad, de mejor calidad, de mejores prestaciones, más grandes y sin gastar un solo peso“.

En las cárceles privadas que surjan de estas medidas, el Gobierno pagará un monto fijo por cada recluso que allí se albergue, equivalente al costo por prisionero que actualmente tiene que solventar en cárceles públicas. Este incentivo monetario promovería la construcción de las cárceles sin tener que hacer una inversión inicial desde el Estado.

Además, si se quisiera seguir estrictamente el modelo de Estados Unidos, los reclusos deberían cumplir con un horario de trabajo de 8 horas diarias en su estadía en la cárcel, donde harían trabajos manuales cuyo fruto podría ser vendido por los dueños de la cárcel, generando un ingreso adicional y reduciendo la necesidad de aportes estatales.

Como ocurre por ejemplo en Texas, los reclusos deben trabajar en la confección de piezas industriales, de carpintería, pintura, y demás, y esa mano de obra sería vendida como un servicio por quienes construyen y operan la prisión.

Reformas en Seguridad

Además de este innovador plan para reformar las cárceles, Milei también discutió otros aspectos importantes de la política de seguridad del Gobierno. Se refirió específicamente a un proyecto de ley en elaboración que tiene como objetivo permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de terrorismo adentro del país, particularmente en respuesta a la creciente violencia asociada al narcotráfico en la ciudad de Rosario.

Esta medida, de ser aprobada por el Congreso, representaría un cambio significativo en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles actuar en colaboración con las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado.

“Hoy eso no se puede hacer; las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en caso de que haya estado de sitio”, aclaró, y señaló que el gobierno trabaja “en una situación intermedia donde las FF.AA. puedan intervenir en caso de narco terrorismo, que participen con las reglamentaciones de las fuerzas de seguridad, actuarían como fuerzas de seguridad”.

Milei subrayó la importancia de contar con un sistema carcelario efectivo y adecuado en apoyo a estas medidas de seguridad. En este sentido, reveló que el Gobierno está considerando la construcción de nuevas cárceles con capacidades de entre 5 mil y 6 mil plazas, diseñadas para abordar las necesidades de una población penitenciaria en constante crecimiento, y explicó que serían construidas con la modalidad público-privada.