VOX exige a la Comisión Europea una amplia reforma para acabar con la competencia desleal contra el campo
Jorge Buxadé denuncia la entrada de productos que no cumplen con los requisitos fitosanitarios que se exigen en la UE
A propósito de las protestas de agricultores y ganaderos, y ante la grave crisis que atraviesa el mundo rural por culpa del Pacto Verde y la Agenda 2030, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para exigir soluciones firmes e inmediatas.
Lo ha hecho a través de una pregunta con solicitud de respuesta escrita, en la que denuncia la penosa situación que vive el mundo rural por la competencia desleal que sufren los productores europeos frente a las importaciones de terceros países.
Uso de fitosanitarios
Concretamente, el portavoz europeo de VOX recuerda que dichas importaciones se benefician de un importante agravio comparativo al gozar de una legislación más laxa en la regulación y empleo de sustancias fitosanitarias, el uso de muchas de las cuales está prohibido en la Unión Europea.
Ante ello, Buxadé pide a la Comisión de Ursula von der Leyen reformar el reglamento europeo de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios con el fin de simplificar el procedimiento de aprobación de dichas sustancias. Y en concreto, propone que los fitosanitarios que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria demuestre que no son perjudiciales puedan ser utilizados en igualdad de condiciones frente a los agricultores de otros países.
Control en frontera y arancel verde
En el mismo sentido, el portavoz de VOX pide a Bruselas una reforma para garantizar un efectivo control en frontera de productos con sustancias fitosanitarias prohibidas en la Unión.
La pregunta de Jorge Buxadé se suma a una batería de iniciativas de VOX ante las instituciones comunitarias para proteger al campo y dar solución a las reivindicaciones del sector primario. Entre ellas, la completa derogación del Pacto Verde Europeo o un “arancel verde” que grave proporcionalmente las importaciones de productos agrícolas elaborados con menores estándares sociales y ambientales, cuyos fondos serían destinados a compensar a los sectores afectados y reforzar las inspecciones de seguridad en su entrada por la frontera.
